7 millones de personas en España destinan más del 10% de sus ingresos solamente a pagar las facturas de la luz
con las que mes a mes las grandes compañías eléctricas les ahogan. Y
más de 4 millones se declaran incapaces de calentar sus hogares durante
los meses más fríos.
Todo esto mientras quienes nos gobiernan acaban con
demasiada frecuencia en los consejos de administración de esas grandes
empresas energéticas. Las mismas que lideran el ránking de las más
contaminantes, y las mismas que se ven favorecidas por las políticas del
Gobierno, que por el camino olvida su gran responsabilidad: proteger a la ciudadanía.
Los graves errores del modelo energético español quedan
en evidencia con casos como el de Rosa, la anciana que murió en
Tarragona tras el incendio provocado por una de las velas que utilizaba
para alumbrarse. Su trágica historia puso en el punto de mira al
Gobierno y a la empresa que le cortó la luz: Gas Natural Fenosa. La pobreza energética se ceba con aquellas personas que son más vulnerables y en nuestro país no son pocas.